Supongo que ver al juez Garzón sentado en el banquillo de los acusados provoca en mucha gente sensaciones contradictorias. No esta siendo juzgado por haber vulnerado la libertad de expresión al clausurar medios de comunicación, ni por haber atentado contra el derecho de asociación al cerrar sedes de partidos políticos, ni por NO haber garantizado en muchas ocasiones el derecho a la integridad física de los detenidos incomunicados bajo su responsabilidad.
El tema está teniendo una gran repercusión en los medios internacionales. Lo cuentan como si no se lo creyeran. Un artículo publicado en The Guardian dice textualmente: “Puede sorprender que investigar 114.000 asesinatos sea un crimen en España, pero es así”. En estos tiempos en que las Naciones Unidas han instituido tribunales internacionales para impedir que queden impunes crímenes como los cometidos durante el franquismo, España se las arregla para seguir siendo una de las excepciones.
Hace no mucho acudí a un curso sobre Derechos Humanos en la Universidad de Nevada, aquí en Reno, donde el profesor se refería a España como uno de los desafortunados ejemplos en que el modelo de transición ha impedido el esclarecimiento de crímenes de guerra y la reparación de las víctimas.
Lo grave es que los acusadores de Garzón llevan seguramente toda la razón jurídica: es decir, de acuerdo a la legislación española, los crímenes del franquismo no deben esclarecerse. Es la ley.
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