Islandia se negó
a inyectar dinero público a la banca en la grave crisis financiera de hace
pocos años. Pero es evidente que las recetas aplicadas en esa pequeña isla no tienen
por qué funcionar en economías de dimensiones y contextos muy diferentes. Hay
alguna receta que, sin embargo, debería ser especialmente aplicable en nuestro
contexto: en Islandia llegaron a juzgar al primer ministro por su gestión de la
crisis, y varios banqueros están siendo procesados.
La iniciativa social
#QuerellaPaRato ha recaudado en menos de 24 horas los 15.000 euros que decía
necesitar para iniciar un proceso judicial contra el ex presidente de Bankia. Al
mismo tiempo, el sindicato ELA ha anunciado que interpondrá querellas contra los
responsables de las políticas económicas de los distintos gobiernos españoles y
contra el gobernador del Banco de España.
El secretario
general de ELA se ha preguntado en voz alta por qué en España los bancos han condonado
importantes deudas a partidos políticos, y por qué la clase política es tan condescendiente
con esta banca que recibe dinero público al 1% de interés y especula con ella
al 6%. Ciertamente no es la única clave de todo este embrollo, pero los
sistemas de financiación de los partidos y su dependencia de los bancos pueden
ayudar a explicar la incompetencia de la clase política frente a los tiburones
financieros.
Desgraciadamente,
Islandia queda todavía un poco lejos.
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